Familias que huyen

¿Por qué se desplazan las familias desde el Norte de Centroamérica?

©ACNUR/Daniel Dreifuss

Riesgos de protección durante la pandemia de Covid-19

Los datos cualitativos y cuantitativos para este estudio fueron recolectados antes del inicio de la pandemia de COVID-19 en la región. Las medidas de salud pública adoptadas por los gobiernos, en el marco de la pandemia, han tenido un impacto importante en la dinámica de la movilidad humana a nivel mundial. Las estrictas limitaciones de movilidad y el cierre de fronteras han afectado las opciones de protección de las personas en riesgo, particularmente en los países del norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. Así mismo, las múltiples formas de violencia y persecución que han provocado el desplazamiento forzado en esta región durante años continúan y, en algunos casos, se han agravado durante el confinamiento.

En el contexto de la pandemia, líderes comunitarios en las áreas del norte de Centroamérica, donde trabaja el ACNUR, reportan una mayor vulnerabilidad a la persecución. Las personas blanco de las pandillas son más fácilmente ubicadas debido al confinamiento. Los líderes comunitarios comunican que los miembros de las comunidades enfrentan dificultades para acceder a alimentos y medicinas como resultado del control ejercido por estos grupos criminales. Además, los trabajadores del sector del transporte, un grupo sujeto a la extorsión por parte de las pandillas en toda la subregión, han expresado su temor a que una vez disminuya el confinamiento, se reanuden las acciones de extorsión por parte de grupos delincuenciales.

Adicionalmente, las oficinas de UNICEF en estos países identifican un aumento en las denuncias de violencia doméstica desde el comienzo de la pandemia, al tiempo que los servicios de protección infantil se han reducido. De manera similar, la violencia sexual y de género, particularmente en el contexto doméstico, también está aumentando. Las medidas de confinamiento establecidas en varios países aumentan la exposición de mujeres y niñas a sus agresores y, a su vez, limitan sus oportunidades de buscar ayuda o huir de los perpetradores. En Guatemala, se reportaron 25.400 delitos contra la infancia entre enero y noviembre al Ministerio Público. En El Salvador, organizaciones de la sociedad civil reportaron un aumento del 70 % en la violencia doméstica en abril y mayo; y en Honduras, más de 40.000 denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar se reportaron entre marzo y mayo a la línea 911, alcanzando el mayor número de denuncias en el mes de abril con 10.000.

Los datos de una encuesta de hogares rápida realizada por UNICEF en Honduras (2020) muestran que prácticamente la mitad de los hogares entrevistados perciben que el conflicto interno en el hogar ha aumentado durante la cuarentena. En otra encuesta realizada por UNICEF en Honduras entre un grupo de jóvenes y adolescentes, el 27,1% de los consultados percibe que los más afectados por las tensiones en el hogar son los niños, niñas y adolescentes (NNA). En una encuesta realizada en Guatemala en junio, CID/GALLUP en asociación con agencias de las Naciones Unidas sobre el impacto del COVID en la población, la mitad de los encuestados indicó que habían dejado de comprar alimentos debido a la falta de dinero y el 50% percibe un aumento en la violencia intrafamiliar. El 15% dijo haber oído o conocido a alguien que abandonaría el país debido a la crisis económica y al aumento de la violencia en el contexto del COVID-19. Entre marzo y octubre, más de 3.330 NNA no acompañados (2.354) y acompañados (992) fueron devueltos a Guatemala desde México y Estados Unidos. Esto revela que los NNA y las familias han seguido abandonando su país durante la pandemia.

La violencia también afecta a otros grupos específicos de la población, incluidos los miembros de la comunidad LGBTI, cuyos líderes han denunciado crímenes de odio y discriminación en medio de la pandemia. Se espera que a medida en que las restricciones al movimiento se reduzcan, más personas huyan –internamente o a través de las fronteras internacionales– para escapar de la extorsión y la violencia por parte de grupos criminales, violencia doméstica, así como otros abusos contra los derechos humanos, entre otros factores de expulsión.

Como resultado de las restricciones fronterizas en Centroamérica, y a pesar de la decisión de las autoridades mexicanas de tratar la recepción de solicitudes de asilo como una actividad esencial, el número promedio de solicitudes de asilo registradas mensualmente descendió de un promedio de 6,000 en enero y febrero, a 1,000 solicitudes en abril en este México. Sin embargo, en el contexto de la COVID-19 todavía hay miles de personas desplazadas internamente en sus propios países o que huyen de manera irregular para solicitar protección internacional en México. Se pronostica que estas cifras aumenten exponencialmente tras el levantamiento de las restricciones por la COVID-19, como lo muestran las 3,400 solicitudes de asilo registradas en septiembre, a pesar de que todavía existían restricciones parciales.

Los cambios en las políticas de inmigración, control de fronteras y asilo en los Estados Unidos de América (EE.UU.) también han tenido un impacto en el espacio regional de protección y retornos a Centroamérica. El acceso de los solicitantes de asilo a algunos sectores fronterizos del territorio estadounidense fue afectado por la introducción de medidas (limitantes al número de personas a las que se les permite acceder al proceso de asilo cada día en los puntos de entrada) desde el 2016, y expandido a toda la frontera en 2018. En enero de 2019 los EE.UU. inició la implementación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) mediante los cuales los solicitantes de asilo de ciertos países (países de habla hispana más Brasil) podrían ser devueltos a México mientras esperan la resolución de sus casos en los Estados Unidos. En septiembre de 2019, otra regulación prohibió la consideración de solicitudes de asilo a personas que hayan transitado por otros países antes de llegar a la frontera sur de EE.UU. En noviembre de 2019, acuerdos bilaterales conocidos como Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo (ACA) fueron firmados entre EE.UU. y Guatemala, Honduras y El Salvador, respectivamente. Esa disposición permitiría a los funcionarios de inmigración de los Estados Unidos remover a ciertos solicitantes de asilo que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México hacia los tres países signatarios de los ACA para buscar asilo allí, en lugar de permitirles solicitar asilo en los Estados Unidos.

El impacto de la pandemia por COVID-19 exacerbó aún más el contexto, con la adopción de una orden del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en marzo de 2020, basada en el Título 42 del Código de Estados Unidos. Esta orden restringió el acceso al territorio de los Estados Unidos a todas las personas no autorizadas, incluidos los solicitantes de asilo, en las fronteras norte y sur. Más de 328,000 personas fueron expulsadas de los Estados Unidos al norte de Centroamérica y México entre marzo y noviembre de 2020, incluidos al menos 13.000 niños no acompañados. Esto se suma a las deportaciones en curso de solicitantes de asilo y migrantes -denominados “retornos asistidos” bajo la ley mexicana-, incluidos los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Muchos niños, niñas y adolescentes de todas las edades fueron devueltos sin los debidos análisis de sus necesidades de protección internacional, solicitudes de reunificación familiar, procedimientos para determinar su interés superior, evaluaciones de vulnerabilidad o rastreo familiar. En tales casos, rara vez se preparó una asistencia para el retorno o reintegración, lo que aumenta los riesgos de protección y salud de los NNA durante su regreso de México y Estados Unidos a México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Cambios Demográficos

Al enfocarse en la demografía de la movilidad humana a lo largo del corredor entre El Salvador, Guatemala y Honduras hacia México y los Estados Unidos, se evidencia un aumento visible en el número de familias en los últimos años, ya sea en grupos pequeños o como parte de grandes grupos mixtos. Movimientos comúnmente conocidos como “caravanas”.

Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, entre octubre de 2018 y julio de 2019, el total de aprehensiones aumentó en un 139% en la frontera sur de los Estados Unidos. Aunque el número de niños y niñas no acompañados aprehendidos aumentó en un 68%, la cifra más alarmante fue la de las familias, que pasó de casi 77.800 familias en 2018 a más de 432.000 familias aprehendidas en 2019 (+ 456%).

Aprehensiones en la frontera sur de Estados Unidos

Aprehensiones

2018

2019

% de incremento

Niñas y niños no acompañados

Unidades familiares

Adultos solos

Total

Tabla 1. Aprehensión de personas por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera sur de los Estados Unidos, comparativo año fiscal 2018-2019 (de octubre de 2018 a julio de 2019). Fuente: CBP: (2019c).

Estas cifras constituyen un cambio demográfico en comparación con las tendencias registradas entre 2013 y 2018, cuando el gran aumento de personas en movimiento del norte de Centroamérica hacia México y Estados Unidos fue desproporcionadamente de niños y niñas no acompañados. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., mientras que un total de 10,443 niños y niñas no acompañados y separados de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron detenidos durante el año fiscal 2012, este número se había duplicado a 21,537 durante el año fiscal 2017.

Mientras tanto, desde el 2018, México ha registrado un aumento en el porcentaje de NNA que huyen con familiares adultos en comparación con los que huyen solos. En años anteriores, la mitad de los niños y niñas provenientes del norte de Centroamérica, registrados por el Instituto Nacional de Migración (INM), no estaban acompañados. Mientras que en el 2018 y 2019 solo se registraron como no acompañados el 32% y el 25% respectivamente, lo que indicaría un aumento de familias en esta ruta.

México se ha convertido progresivamente en un país de destino para un número creciente de personas que huyen de sus países, incluyendo por motivos de violencia. Asimismo, el número de personas que buscan protección como refugiados en México ha aumentado exponencialmente: 70,431 personas solicitaron asilo en el 2019, casi veinte veces más que en el 2015 cuando se registraron 3,424 solicitudes.

No se dispone de estadísticas anuales sobre las familias que solicitan asilo. Sin embargo, ACNUR estima que, en el 2019, el número promedio de personas en cada solicitud de asilo en el norte de Centroamérica fue de 1.9. Asimismo, las solicitudes de asilo con niños promediaron en casi 3.3 miembros de la familia, indicando que la mayoría de los NNA ahora huyen con varios miembros del núcleo familiar.

Si bien el enfoque de este estudio está en las familias, también vale la pena resaltar que el número de NNA no acompañados del norte de Centroamérica que logran acceder al procedimiento de asilo es limitado, a pesar de que muchos de ellos afirman haber huido de la violencia y que requieren protección para no regresar. Más de 66,000 niños y niñas no acompañados del norte de Centroamérica han sido registrados por el INM de México durante los últimos cinco años, pero solo 2,000 de ellos buscaron asilo desde el 2015, menos del 3%.

En noviembre de 2020, México publicó una reforma a sus leyes de asilo y migración que representa un avance significativo hacia la protección completa de niños y niñas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en el país. Los cambios aseguran la prohibición de la detención de niños y niñas (incluyendo aquellos con sus familias), prioriza el interés superior del niño poniéndole en el centro de toda decisión que le impacta, e incluye el acceso a un estatus migratorio temporal por motivos humanitarios para cada niños y niña.

Ante estas nuevas dinámicas, ACNUR y UNICEF, a través de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. (CID Gallup), decidieron emprender este estudio con el objetivo de comprender y dar visibilidad al desplazamiento forzado de familias que huyen del norte de Centroamérica. Además, el estudio también busca entender mejor las tendencias actuales, los riesgos de protección y los factores asociados al desplazamiento forzado y la migración de NNA no acompañados y separados.

Para este propósito, CID Gallup realizó 3,104 encuestas, complementadas con sesiones grupales segmentadas según la geografía del desplazamiento en la región: país de origen, tránsito y de asilo. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a familias que formaban parte de las grandes “caravanas” de movimientos mixtos que salieron de Honduras a principios de 2020.

El riesgo de desplazamiento latente en los países de origen

Existen múltiples causas principales del desplazamiento en el norte de Centroamérica, las cuales con gran frecuencia están relacionadas con la violencia. A finales de 2019, casi 800,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras buscaron protección dentro de sus países o cruzaron fronteras internacionales para escapar de los crecientes niveles de violencia y persecución de las pandillas. En este contexto, los niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables. Mientras que algunas mujeres y niñas jóvenes son víctimas de violencia sexual perpetuada por pandilleros, los hombres jóvenes son explotados con fines delictivos, incluido el tráfico de drogas, o son reclutados por grupos ilegales, muchas veces de manera forzosa. Desafiar a las pandillas es extremadamente peligroso, especialmente porque las represalias no solo afectan a los jóvenes que se niegan a unirse a ellas, sino también a los miembros de sus familias, que se convierten en blancos directos de ataques. Esta persecución obstaculiza significativamente la capacidad de las familias para encontrar o mantener un empleo y acceder a servicios de educación y salud.

Durante los últimos cinco años, esta violencia y la falta de seguridad general dentro de sus comunidades o países a llevado a muchas familias en el norte de Centroamérica a huir de sus hogares. El 19% de los entrevistados que se desplazaba en familia identificaron expresamente a la violencia como la principal razón de su desplazamiento. Particularmente, familias de Honduras y El Salvador señalaron a las amenazas de muerte, extorsiones y el reclutamiento por pandillas, como sus principales motivaciones para la decisión de la familia de huir junta de su país de origen De igual forma, al menos el 16,5% mencionó que la violencia y las amenazas recibidas en su país de origen afectaron a toda la familia.

“Los pandilleros nos cobraron una cuota de Q5,000 (USD 650) la cual pagamos la primera vez, luego no pude seguir pagando. Ellos secuestraron a mi hija de seis años y pidieron rescate. Me dijeron que a cambio de liberarla tenía que vender drogas.
No podía dejar a mis hijos a merced de los pandilleros, tuve que huir con ellos. No consideré ninguna otra opción, solo quería irme de Guatemala. No lo pensé dos veces, salí sin saber a dónde iría, solo dejé que el viento guiara mi viaje. Mi hermana trató de convencerme de que me quedara, pero tuve que irme por mis hijos. Estoy preocupada por mi madre porque no quiso venir con nosotros”.
Anónimo. Madre soltera guatemalteca, 27 años, su hijo mayor tiene 12 años.

Al observar la complejidad de las historias recopiladas durante las conversaciones directas con las familias, el porcentaje de familias desplazadas debido al contexto subyacente de violencia podría ser significativamente mayor. Desde el 2013 hasta el 2018, muchos padres enviaron a sus niños, niñas y adolescentes a otros países para protegerlos de los riesgos asociados con el reclutamiento. Sin embargo, a medida que la violencia comenzó a afectar a familias enteras, las esperanzas de un futuro en sus países de origen disminuyeron y más familias comenzaron a huir juntas.

Un alto porcentaje de familias entrevistadas expresó dificultades para conseguir empleo en sus lugares de origen (68%), así como un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que no asistían a la escuela. Solo el 54% de los niños, niñas y adolescentes encuestados estaban escolarizados y el 4% contribuía económicamente al hogar. Estos datos destacan las causas múltiples e interrelacionadas del desplazamiento.

Las encuestas resaltan que los adultos tienen pocas oportunidades laborales en los países de origen y que por causa de desplazamientos internos se ven obligados a dejar sus trabajos. Al mismo tiempo, por el desplazamiento internos, muchos niños, niñas y adolescentes no pueden asistir a la escuela y ambos grupos experimentan un acceso reducido a los servicios esenciales, lo que aumenta su vulnerabilidad y perjudica sus posibilidades de reconstruir sus vidas. Además, cuando el desplazamiento interno ya no es una opción viable, las personas no tiene otra opción que huir de su país, generalmente a México o a los Estados Unidos.

Los encuestadores realizaron 636 entrevistas a familias en riesgo de desplazamiento en los países de origen (El Salvador, Guatemala y Honduras). El 44% de estas familias reportaron que durante los seis meses previos al estudio no se sentían seguras en sus lugares de residencia, situación que se agravaba durante la noche en sus comunidades. El 15% de las familias entrevistadas mencionó enfrentar altos niveles de inseguridad durante el día y esta cifra se duplicó cuando regresaban a casa al final de la jornada. El 43% de las familias modificó la frecuencia y dinámica de sus actividades para evitar la inseguridad, el 25% cambió sus patrones de consumo y el 9% cambió de residencia.

Durante el mismo período, casi el 11% de las familias fueron extorsionadas y una cifra similar fue víctima de violencia o amenazas de pandillas. El 26% de las familias mencionó que sus comunidades son frecuentemente objeto de extorsión y el 23% señaló haber sufrido violencia e intimidación por parte de las pandillas.

“En Honduras, el problema con las amenazas y la extorsión es que no se trata solo de una persona, sino que los perpetradores son la Mara 18 o MS-13. Es una persona la que cobra la tarifa un día y al siguiente, otra. Hay pandilleros que se apoderan de algunas casas. Cuando alguien tiene su casa muy bien mantenida, viene como si estuviera cobrando por un servicio comercial, pide el dinero de la extorsión y si la familia no puede pagar, lo sacan de la casa con amenazas de muerte. Cuando la familia se va, ocupan la casa como si fueran los dueños”.
Madre hondureña, jefa de hogar, 43 años.

En el caso que las familias abandonen el país, el 22% destacó que huiría con toda la familia por temor a que las amenazas y la inseguridad pongan en riesgo a todos los miembros de la familia y prefieren no separar la unidad familiar. Esta información respalda las tendencias observadas en 2019, en las que un número creciente de unidades familiares huyeron juntas, en lugar de hacerlo como individuos, tendencias que a su vez son un reflejo de la inseguridad continua en el norte de Centroamérica.

A pesar de los riesgos varios a lo largo de las rutas, las familias huyen con urgencia y desesperación, y muchas veces emprenden viajes sin mucha preparación. El 32% de los entrevistados dijo que contrataría un guía o “coyote” mientras que el 13% se uniría a un grupo más grande. Sin embargo, existe una falta de acceso a información necesaria sobre los procedimientos de asilo o las regulaciones migratorias. Más de la mitad de las familias (55%) no estaban familiarizadas con los requisitos para trasladarse a otro país. Sólo el 28% mencionó que necesitaría un pasaporte y el 18% mencionó documentos de identidad. El 67 % conocía la condición de refugiado, y una cifra similar (63%) lo solicitaría. Sin embargo, el 71% no está familiarizado con el proceso para hacerlo.

Por otro lado, tener familiares en los países de destino puede ser un factor adicional para quienes viven en un contexto de violencia; ya que a menudo consideran la reunificación familiar como una forma de alcanzar la seguridad. El 58% de las familias entrevistadas en los lugares de origen tienen parientes cercanos en otros países. Más de un tercio de estas familias (39%) ha considerado intentar reunirse con ellas en el extranjero.

Joven salvadoreño trabaja para proteger a su comunidad de la violencia de las pandillas

 

 

 

©ACNUR/Diana Diaz

Los adultos suelen recordar sus primeros años de adolescencia como algunos de los mejores de su vida. Una época en la que eran jóvenes, sin preocupaciones y libres; un momento en el que podrían cometer errores y aprender para el futuro. Pero para los jóvenes como José*, ser despreocupado, libre o cometer errores no es una opción.
“Ser joven en El Salvador puede ser peligroso”, explica. “Cuando sales, las pandillas te acosan. Quieren que les hagas favores, que les cobres sus extorsiones o les avises cuando llegue la policía”.

“Las mujeres jóvenes a menudo se ven obligadas a tener relaciones sexuales con miembros de las pandillas, y los hombres jóvenes son obligados a traficar drogas, hacer mandados o convertirse en miembros permanentes de los grupos.”

“Es una decisión difícil. Si dices que no, te amenazan o lastiman a tu familia”

Él ahora está tratando de hacer que su comunidad sea más segura, para que otros puedan quedarse.”

“He decidido que esta situación debe terminar”, dice.

“La violencia no debe dictar nuestro futuro. Debemos recuperar el control de nuestras vidas; a pesar de los peligros que enfrentamos.”

ACNUR y UNICEF están trabajando con el gobierno, así como con organizaciones humanitarias y de desarrollo, para impulsar iniciativas que hagan la vida más segura a las personas desplazadas en El Salvador.

“Soy parte de un grupo de jóvenes que han podido abrir pequeñas empresas y asistir a cursos que nos ayudan a prosperar”, dice José. “Esto me ha ayudado a recuperar la esperanza”.

Aunque a veces está paralizado por el miedo, está decidido a mirar hacia adelante. “Soy una de esas personas valientes que, a pesar de vivir con miedo constante, saben que tienen un futuro.

“No podemos perder la esperanza. Podemos hacer realidad nuestros sueños.”

* Nombre cambiado por motivos de protección.

Los que tuvieron que huir

El 41% de las familias entrevistadas fuera de sus países de origen eran de Honduras, el 32% de Guatemala y el 28% de El Salvador. De éstos, el 66% de los encuestados eran madre o padre, entre los que predominaban las madres (63%), con una edad promedio de 30 años.

La mayoría de las personas huyeron con su familia nuclear inmediata. El 31% de las personas entrevistadas que transitaban o solicitaban protección internacional en México se desplazaron con su madre o padre, el 26% huyeron con sus hijos y un porcentaje similar con un hermano o cónyuge/pareja (18% y 15% respectivamente). Un pequeño número (menos del 5%) huyó con sobrinos, primos, tías o tíos, abuelos o nietos. Además, el 9% confirmó que ningún miembro de la familia se quedó atrás en el país de origen.

En este sentido, muchas familias parecen estar optando por huir juntas del norte de Centroamérica. Esto se ve, en algunas ocasiones, como la única opción para evitar daños personales o una persecución a alguno de los miembros de la familia en el país de origen, y así mantener a la familia unida.

Durante las discusiones cualitativas, las personas en movilidad destacaron que el proceso de desplazamiento fue complejo y producto de factores simultáneos donde la violencia fue un tema común. Por ejemplo, en algunos casos, antes del desplazamiento transfronterizo, las familias huyeron varias veces dentro de su país para escapar de las extorsiones y amenazas de las pandillas, situación que les generó grandes dificultades económicas. La persecución y las amenazas a menudo los siguieron a las nuevas comunidades. Este es un factor clave del desplazamiento forzado del norte de Centroamérica: las causas a menudo combinan problemas de persecución, seguridad, corrupción y la imposibilidad de mantener económicamente a una familia. Por esta razón, las familias a menudo informaron la falta de empleo y de protección social como razones para salir del país sumados a otros factores de expulsión ya descritos durante el estudio.

Al observar los resultados de las encuestas realizadas en México, entre los solicitantes de asilo, casi la mitad de las familias entrevistadas (49%) identificaron la violencia como su principal motivación para huir del norte de Centroamérica. Específicamente señalaron: amenazas de muerte (30%), extorsión (10%), reclutamiento por pandillas (6%), amenazas de abuso, violencia doméstica y violencia sexual -incluido acoso sexual- (3.4%), e intento de asesinato y rapto o secuestro (0.4%). Varias de estas familias realizaron acciones en sus países de origen para contrarrestar las situaciones de violencia antes de huir a México, entre éstas alejarse de las personas que las amenazaban o lastimaban (30 %), o presentar una denuncia penal (25 %).

La extorsión, las amenazas y los ataques violentos obligan a taxista a huir

©ACNUR/Diana Diaz

Julio* tiene 47 años. Es esposo y padre de dos hijos y era taxista en las concurridas calles de Tegucigalpa.

“Debido a los ingresos que obtenemos y al hecho que tenemos que movernos por la ciudad con los taxis, las pandillas a menudo nos extorsionan”. Así era el día a día para Julio, abordado por pandilleros para pagar sus cuotas, a pesar de las frustraciones que esto conllevaba.

“Pero un día me llamaron a testificar y después de eso mi vida dio un vuelco”.

Julio fue citado como testigo contra una red que extorsionaba a taxistas en todo Honduras, encabezada por la Mara Barrio 18, una de las bandas delincuenciales más peligrosas del norte de Centroamérica.

Su testimonio condujo a la captura de al menos tres miembros importantes de la pandilla. Sin embargo, a pesar de que fue incluido en el programa de protección de testigos, no se implementó ninguna medida específica para protegerlo a él ni a su familia.

“Comenzamos a recibir muchas amenazas y aumentaron las sumas de las extorsiones de la pandilla si queríamos estar protegidos”.

Tras negarse a pagar y evitar varios atentados, fue atacado violentamente. ” Un día estaba conduciendo en mi taxi cuando me dispararon varias veces”. Julio estuvo hospitalizado durante semanas y, al ser dado de alta, se mudó a otra ciudad para preservar su vida y la de su familia.

Allí, retomó su trabajo como taxista, pero comenzó a ser extorsionado por otras dos bandas. “Esta era la única fuente de nuestros ingresos, y estas otras dos extorsiones fueron demasiado. Así que lo denuncié”.

Lo que siguió fue una serie de amenazas y ataques sostenidos, y una sensación generalizada de persecución. “Me seguía una motocicleta a todas partes. Estaba aterrado.”

*Nombre cambiado por motivos de protección.

La violencia de maras y pandillas mantiene a familia en vilo en El Salvador

 

 

 

©*Marlene

Marlene* y su hijo José, de 17 años, viven en una comunidad rodeada de árboles y plantaciones de café en el oeste de El Salvador.
Marlene se considera una mujer trabajadora y generalmente alegre. “Doy buenos consejos. Cuando trabajo, doy mi completa dedicación”, dijo. Por el momento no tiene trabajo, pero esa no es su principal preocupación.

Las pandillas en su comunidad son una amenaza constante para la seguridad de su hijo adolescente. “Tememos por nuestros hijos cuando crezcan en esta comunidad”. Un informe oficial reveló que las familias con integrantes jóvenes son las más afectadas por el desplazamiento forzado interno en El Salvador.


“Pandillas rivales atacan a la primera persona que ven. Así fue como asesinaron al tío de mi hijo. Simplemente lo encontraron en la calle y le dispararon a él, a su esposa y a otro joven. Esto es lo que sucede algunas veces. Pueden venir en cualquier momento”, explica Marlene con miedo.

La situación en la comunidad de Marlene es solo un ejemplo de muchas otras en El Salvador. A través de los esfuerzos de monitoreo de protección, ACNUR ha podido verificar que, incluso durante la pandemia de COVID-19, la violencia, especialmente los robos y los enfrentamientos entre pandillas continúan sin cesar. Miles de familias se ven obligadas a huir para salvar sus vidas. Según cifras oficiales, como resultado de la violencia, alrededor de 71,500 personas han sido desplazadas internamente entre 2006 y 2016. Este año, al menos 86 desplazados internos en el país y alrededor de 75 personas en riesgo de desplazamiento se han acercado al ACNUR para solicitar asesoramiento y asistencia.


Marlene vive sola con su hijo. Su madre, a quien visita cada dos semanas, vive en la capital salvadoreña. Ella es madre soltera, pero José todavía tiene contacto con su padre.


En El Salvador, las pandillas amenazan, extorsionan y reclutan sin restricciones. “El padre de mi hijo solía recibir todas las llamadas. Pidieron dinero. Nos dijeron que si no pagábamos, conocían a nuestro hijo y sabían a dónde iba, amenazándonos con hacerle daño”. Marlene recuerda. Según cifras oficiales de El Salvador, el 24% de las personas obligadas a huir de la violencia fueron víctimas de extorsión. Miles más corren el riesgo de ser desplazados, como Marlene y su familia. “Vivo con miedo”, dice con clara preocupación en su voz, y agrega que José se ha convertido en su roca. “Mi hijo es fuerte y muy maduro”, agrega. Pero Marlene teme que algo malo pueda pasar en cualquier momento. Solo el mes pasado, Marlene recuerda cómo dos jóvenes fueron asesinados en su comunidad. “Siempre estoy aterrorizada por mi hijo”.

*Nombre cambiado por motivos de protección.

Los datos oficiales a los que se hace referencia en esta historia están disponibles en Estudio de perfiles sobre movilidad interna por violencia en El Salvador, Informe final, marzo de 2018.

Niños, Niñas y Adolescentes

 

En un mundo dominado por pandillas y otros grupos delincuenciales y caracterizado por la violencia extrema, los hombres, mujeres y adolescentes del norte de Centroamérica son particularmente vulnerables. La violencia, especialmente las amenazas de muerte asociadas con el reclutamiento, afecta directamente a los NNA. Los niños y las niñas describieron varias causas del desplazamiento, incluidos diferentes tipos de violencia y la falta de oportunidades y servicios en sus países. El 30% identificó algún tipo de violencia como su principal motivo de desplazamiento, lo que a su vez afectó su capacidad para acceder a sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación.

A través de la región, el acceso a la educación se ve gravemente amenazado por la influencia de las pandillas dentro o alrededor de las escuelas, que buscan reclutar a niños, niñas y adolescentes, y perjudicar a los maestros. Esto por sí solo es una causa de desplazamiento, ya que ellos corren un mayor riesgo de ser reclutados, así como porque sus padres esperan encontrar un acceso sin obstáculos a la educación en otros lugares.

“Mi madre les dijo a los pandilleros que me quería ir del barrio en el que vivía. Uno de ellos empezó a acercarse a mí, de forma amenazante, diciéndome que pasara el rato con ellos. Un día me dijo que si me iba del barrio le harían daño a mi hermano o me harían daño a mí-que ni siquiera debería intentar irme porque podrían ponerse en contacto con otros pandilleros en otros lugares y encontrarme donde quiera que fuera “.
Refugiada salvadoreña, de 17 años, criada por su abuela en Guatemala.

En este contexto, las tasas de abandono escolar son elevadas, a menudo relacionadas con el desplazamiento forzado del NNA o de toda la familia. Se estima que cerca de 900,000 NNA no van a la escuela en Honduras. Solo en 2018, 49.000 abandonaron la escuela en El Salvador, al igual que 227,000 en Guatemala. En los países de destino, los niños y niñas desplazados pueden enfrentar obstáculos adicionales para regresar a la escuela –convirtiéndose en víctimas de explotación y abuso, incluido el trabajo infantil– aumentando el riesgo de que nunca reanuden sus estudios.

Además de vivir en una pobreza significativa y enfrentar un riesgo inminente de reclutamiento, en un contexto donde las familias deben pagar extorsiones a las pandillas, muchos NNA en el norte de Centroamérica se sienten obligados a ayudar a mantener a sus familias. Esto no solo aumenta las tasas de deserción escolar, sino que también representa una parte significativa de los entrevistados que citan la búsqueda de opciones de sustento como una causa de su desplazamiento.

En este sentido, los múltiples problemas que enfrentan los NNA en la subregión, hacen que se encuentren en un contexto en el que la huida es a menudo la única opción viable para sobrevivir. Sin embargo, huir del país sin la compañía de familiares, aumenta exponencialmente estos riesgos para la niñez. La violencia fue el factor que obligó a huir a una mayor proporción de niños y niñas no acompañados en comparación con los que huían con sus familias. Además, la vulnerabilidad fue mayor entre las familias que huían con NNA que entre las compuestas solo por adultos, particularmente las familias compuestas por padres adolescentes. Entre los NNA no acompañados, el 21% informó que huían de amenazas de muerte, el 5 % porque huían del reclutamiento de pandillas y el 2 % huían de la violencia doméstica y otro 2 % de la extorsión.

 

El desplazamiento transfronterizo de NNA, en particular de aquellos que huyen sin la compañía de familiares, a menudo se convierte en repetidos intentos por llegar a México o Estados Unidos, impulsados por traficantes de personas que ofrecen múltiples alternativas. El 66% de los niños y niñas no acompañados entrevistados en tránsito señalaron que en caso de que fueran detenidos y deportados, intentarían huir de su país de origen nuevamente, y el 25% de ellos estaban en su segundo o tercer intento de salida.

El 54% de los niños y niñas no acompañados había considerado solicitar asilo, en comparación con el 30% de los acompañados por familiares. Sin embargo, ni la mayoría de los niños y niñas no acompañados ni de los acompañados sabían dónde y cómo presentar una solicitud de asilo, lo que destaca la necesidad de mejorar la disponibilidad de esta información. Solo el 5% (de los niños y niñas no acompañados) y el 8% (de los acompañados) pudieron describir dónde encontrar información sobre el proceso de solicitud de asilo.

El ya peligroso trayecto, lo es aún más para los grupos vulnerables, como los niños y niñas no acompañados. El 32% de los NNA que huyeron con sus familias afirmaron haber puesto en riesgo su integridad física durante el desplazamiento. Este indicador aumentó al 46% para los no acompañados. Once niños y niñas mencionaron haber estado en riesgo de explotación sexual durante el desplazamiento, ocho de ellos no estaban acompañados.

Juan, de 17 años, es un adolescente hondureño, cabeza de familia, que ha huido nueve veces. Él está intentando llegar a México ante el aumento de la inseguridad en su país. Juan mencionó que, en caso de ser detenido y deportado a Honduras, continuaría intentando llegar a México.

Pueblos Indígenas

  

Las familias indígenas son particularmente vulnerables, especialmente aquellas que fueron obligadas a dejar sus tierras y se trasladaron a áreas urbanas controladas por grupos delincuenciales. Muy a menudo, personas indígenas huyen internamente con la esperanza de algún día regresar a su tierra o permanecer cerca de sus familiares.

Del total de familias que participaron en el estudio, el 12% pertenecía a diferentes pueblos indígenas, y la mayoría de éstas eran de Honduras y Guatemala, especialmente de la frontera entre Guatemala y México. Las familias garífunas de Guatemala y Honduras son las más representadas entre las personas en tránsito y solicitantes de asilo. Así mismo, indígenas Q’egchi también fueron identificados durante el estudio en menor proporción.

Familia hondureña comienza una nueva vida al otro lado del país, pero el temor todavía sigue presente

 

 

©ACNUR/Daniel Dreifuss

Mariana*, de 42 años, se enfrentó tres veces a las pandillas violentas que se apoderaron de la que era su idílica ciudad natal en Honduras. “La primera vez se rieron con desprecio”, dijo. “La segunda vez, amenazaron con matarme … y la tercera, casi nos cuesta la vida”.

Durante generaciones, la familia de Mariana vivió en paz en un tradicional enclave garífuna, en la costa norte del Caribe. Mariana recuerda las tardes calurosas en las que sus hijos jugaban a la sombra de los mangos y cocoteros que flanqueaban la modesta casa que heredó de su madre.
Todo eso cambió hace unos nueve años, con la llegada de las pandillas.. El sonido de los pájaros y los ritmos de las olas que una vez resonaron en la casa fueron reemplazados por gritos y el repentino estallido de disparos: los sonidos de pandilleros ejecutando a quienes se oponían a su dominio.
Aarón*, el líder de la pandilla que se había apoderado de la ciudad de Mariana, se interesó no solo en la casa de la familia de Mariana, ubicada en el lugar perfecto para ejercer el tráfico de drogas, sino también en Natalia*, una de sus hijas de 16 años. Cuando sus notas prometiendo regalos de lujo no lograron convencer a la estudiante de secundaria, Aarón intentó secuestrar a Natalia.
Aarón y sus compañeros pandilleros persiguieron al hijo menor de Mariana, Adrián*, de 14 años, golpeándolo cada vez que se cruzaban con él. Una vez más, Mariana confrontó a Aarón, pero una vez más su valentía fracasó. Adrián recibió un disparo en la pierna.
Mariana se dio cuenta que no tenía más remedio que huir. Ella metió a Adrián en un taxi y los dos huyeron tan lejos como pudieron sin cruzar ninguna frontera internacional.
Tan pronto como ella y Adrián se fueron, la pandilla se apoderó de su residencia, transformando la casa de la familia en una llamada “casa loca”, donde las víctimas son llevadas para ser torturadas y asesinadas.
Mariana y sus hijos se encuentran entre los 247,000 hondureños que se estima han sido desplazados internamente desde 2004, la gran mayoría de ellos huyendo de la extorsión, la coacción y las amenazas selectivas de pandillas y otras organizaciones delincuenciales.

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*Nombre cambiado por motivos de protección.

Los peligros durante el desplazamiento

 

 

El tamaño promedio de los grupos entrevistados que se desplazaban juntos fue de seis personas, y muchas viajaron en grupos de dos. La mitad de las mujeres y los hombres tenían hijos. Sin embargo, el porcentaje de madres que viajan solas con NNA es más alto (39%) que el de padres que viajan solos con NNA (19%). La mayoría de las familias habían estado en movimiento durante alrededor de un mes en promedio, contando desde el día en que dejaron su país. Este lapso fue más largo para las mujeres en comparación con los hombres, destacando que el viaje es mucho más largo y peligroso para las mujeres, que ven la necesidad de tomar más medidas de precaución, como evitar viajar durante la noche, y encontrar un refugio seguro para dormir.

El 6% de las familias que viajaban tenían una mujer embarazada en su grupo, un porcentaje similar de familias se desplazaban con una persona con discapacidad y otro 5% incluía a una persona con una enfermedad crónica. Además, las familias requerían medicamentos, servicios médicos y asesoramiento legal, y muchos mencionaron específicamente que no habían podido recibir esta asistencia durante su viaje.

Las necesidades de las familias durante el desplazamiento

 

El 40% de las familias informaron que necesitaban albergue durante su viaje; otro 40 % informó que necesitaban alimentos; y el 9% necesitaban ropa. Las familias enfrentaron una serie de desafíos durante su viaje: el 39% informó que no tenía los recursos económicos para comprar productos básicos, incluidos medicamentos vitales. El 30% mencionó el temor a ser detenidos o a que se les pidiera sobornos por no contar con documentación regular. Con relación a la falta de recursos económicos, más de la mitad de las familias (54%) citaron que buscaron empleo durante su viaje para atender sus necesidades básicas, aunque la mayoría no logró encontrarlo. De los que consiguieron empleo, el 11% fue amenazado con ser denunciado a las autoridades por los empleadores.
Las condiciones de desplazamiento llevaron a riesgos inesperados a lo largo de la ruta. Al respecto, el 54% de las familias entrevistadas mencionó riesgos como medios de transporte peligrosos, condiciones climáticas extremas, violencia sexual, robo, entre otros. Debido a la falta de conocimiento sobre los requisitos para cruzar fronteras y su situación migratoria irregular, se vieron obligados a tomar rutas más peligrosas y no buscaron ayuda por temor a ser detenidos. Los factores de riesgo aumentaron cuando la familia tenía algunas personas con necesidades específicas –incluidas mujeres embarazadas, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas.

LAS TRES PRINCIPALES NECESIDADES DE LAS FAMILIAS DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

Como se ha descrito anteriormente, existe un desconocimiento generalizado sobre los requisitos para solicitar asilo y sobre los procesos para migrar de forma regular. La mayoría de las familias no tienen información sobre cómo solicitar una visa o asilo, y una cuarta parte estaba en movimiento sin documentación. Esta falta de documentos de identidad durante el desplazamiento aumenta el riesgo de detención migratoria o exacerba factores de abuso y violencia al intentar evitarlo. Además, este factor obligó a las familias en fuga a abstenerse de buscar ayuda, ya que temían que los identificaran sin un estatus migratorio regular.

Algunas personas entrevistadas, incluidos solicitantes de asilo y adolescentes retornados, al describir las condiciones de detención en México señalaron que fueron sometidos al uso de la fuerza física, intimidación con armas de fuego, privación de alimentos y debieron dormir en colchones sucios con olor a orina. Asimismo, indicaron que no contaban con información adecuada sobre opciones de protección internacional o procedimientos de retorno y deportación.

El temor más común entre las familias entrevistadas fue el riesgo a ser lastimados. Casi la mitad de las familias creían que su integridad física estaba en riesgo durante el viaje, y el 54% de ellas mencionó que los riesgos estaban asociados con moverse por lugares peligrosos. A esto le siguió el riesgo de separarse de sus hijos, identificado por 49 familias en tránsito. Algunos miembros de 16 familias (de un total de 637) se sintieron en riesgo de tener que recurrir al sexo para su supervivencia.

Desplazamiento en “caravanas”

 

Entre el 2018 y principios del 2020, personas del norte de Centroamérica formaron “caravanas”, con la esperanza de llegar a México y Estados Unidos. Estos grupos estaban compuestos por personas con necesidades de protección internacional, así como aquellas que buscaban mejorar su situación económica o esperaban reunirse con familiares en el extranjero. Una característica notable de estos movimientos fue el gran número de familias con NNA, muchas de las cuales citaron condiciones que hacían intolerable la permanencia en sus países de origen.

Este estudio incluyó a 219 familias que hacían parte de la “caravana” que partió de Honduras en enero de 2020. Si bien el 70% dijo estar en busca de mejores oportunidades económicas, casi el 60% de ellas huyó de las áreas que han registrado las tasas más altas de violencia en Honduras. Esto indicaría el impacto significativo de la violencia en la situación socioeconómica de las familias en fuga, empujándolas a huir en condiciones desesperadas.

Como se evidenció en los desplazamientos de familias individuales, un número significativo de familias que integraban las caravanas habían planeado buscar asilo en México o en los Estados Unidos (69%), pero no estaban familiarizadas con la documentación que necesitaban (83,7%), ni con el procedimiento (81,9%) o la institución a la que podrían pedir ayuda (88%). Esto refuerza la necesidad general de invertir en iniciativas de información pública sobre el derecho a solicitar asilo para las personas que huyen de la violencia.

LUGARES DE ORIGEN (HONDURAS) DE LAS PERSONAS QUE VIAJARON EN LA CARAVANA EN ENERO DE 2020

“Tuvimos que huir de nuestro país, pensando en el futuro de nuestros hijos”
 

©ACNUR/Alexis Masciarelli

Con los ojos cansados, sin afeitar, sudoroso, Ricardo* persigue a su pequeño por las vías del tren sobre el río Suchiate. Con su esposa, han decidido que pasarán la noche aquí, en tierra de nadie, en un puente que une Guatemala y México.

“Ya no podíamos vivir en Honduras”, dijo el joven de 22 años. “Hay demasiado crimen. Tuvimos que huir por el futuro de nuestro hijo, por nuestra familia”. Entonces, con su esposa, su hijo y algunos amigos, se desplazaron hacia el norte. Esa noche en la ciudad fronteriza guatemalteca de Tecún Umán, junto con muchas otras familias como la de Ricardo, todos esperaban un nuevo comienzo lejos de la violencia. Cuando no pueden tomar asiento en un autobús o encontrar espacio en un automóvil o en la parte trasera de una motocicleta, estas personas caminan cientos, y a veces miles de kilómetros por Centroamérica.

En su ciudad natal, Ricardo dice que los grupos delincuenciales se habían vuelto tan poderosos que crearon un sentimiento de miedo permanente entre los residentes. “Obligan a la gente a hacer cosas que, a menudo, no quieren hacer. Te amenazan. Dicen: si no haces lo que te decimos, tu familia pagará el precio”. Un día, la amenaza se volvió real y muy personal para Ricardo. “Claramente me habían estado observando. Sabían a qué hora iría a trabajar por la mañana y a qué hora volvería a casa. Un día, vinieron a verme y me dijeron que debía moverles drogas y armas.

Las pandillas usan a personas como yo para hacer eso porque no se sospecha de nosotros y es menos probable que nos detengan que a los pandilleros. Dijeron que me matarían o a alguien de mi familia si me negaba. Rápidamente supe que teníamos que huir “.

A los pocos días llegaron a la frontera con México, aunque el trayecto no transcurrió sin problemas. “Nos robaron cuando cruzamos a El Salvador. Robaron el teléfono que pretendíamos usar para comunicarnos con nuestra familia. Se llevaron nuestro dinero. Pero eso no nos detuvo. Tuvimos la suerte de encontrar espacio en una camioneta para algunas de las rutas aquí en Guatemala”. Para la familia, huir con un niño de dos años no fue fácil. “Pero a pesar de la lucha seguimos con este sueño. Lo que realmente queremos es que mi hijo tenga un buen futuro”.

 *Nombre cambiado por motivos de protección. 

En busca de un lugar seguro

Esta parte del estudio se centró en México como país de asilo, donde se realizaron 437 entrevistas con familias de El Salvador (28%), Honduras (49%) y Guatemala (23%).

Si bien México solía ser un país de tránsito para las personas que esperaban llegar a los Estados Unidos, éste se ha convertido cada vez más en un país de destino para las personas de Centroamérica que buscan protección. Las solicitudes de asilo en México se han disparado de alrededor de 2,100 en 2014 a más de 70,000 a fines de 2019. El 49% de las familias entrevistadas en México mencionaron la violencia como la principal razón de su desplazamiento. El 91% de las familias entrevistadas habían solicitado asilo. De estos, el 71% tenía sus casos pendientes de resolución y el 24% ya estaban reconocidos como refugiados.

La mayoría de las familias refugiadas o solicitantes de asilo en México tienen acceso a vivienda. Sin embargo, entre sus principales necesidades describieron: alimentación, atención médica, empleo y educación para sus hijos. De hecho, el 58% de las familias ha tenido dificultades para acceder a alimentos durante su estadía en México, el 26% recibió apoyo del gobierno mexicano y el 38% obtuvo apoyo de alguna ONG. Aproximadamente la mitad de las familias tuvo acceso a atención médica.

El 58% de las familias buscaron empleo en México. De estos, el 64% consiguió un trabajo con éxito, el 90% de los cuales fueron temporales. El 34% de quienes ejercen la jefatura del hogar tenía un empleo informal: el 24% trabajaba por horas o días sin un contrato formal, el 20% no tenía un contrato de trabajo y el 14% recibe un pago en función de tareas completadas independientemente de cuántas horas trabajen. El 4% dice que pide limosna.

A pesar de los múltiples esfuerzos positivos de México para acoger e incluir a los solicitantes de asilo, muchas familias entrevistadas consideraron que sus condiciones de vida eran difíciles. La incertidumbre sobre su situación migratoria, los retrasos en el sistema de asilo como resultado del aumento de solicitudes, junto con otros factores como la falta de recursos o la discriminación, han obstaculizado su acceso a los medios de vida, incluido el empleo formal, la salud y la educación. Estas situaciones durante la pandemia de COVID-19 han empeorado en muchos casos. El confinamiento y las cuarentenas han aumentado significativamente los desafíos para que las familias en países de asilo, como México, se vuelvan autosuficientes y ejerzan sus derechos fundamentales.

El 68% de los NNA solicitantes de asilo o refugiados entrevistados en México no asistían a la escuela. Un número elevado (68%) destacó la falta de recursos para cubrir los costos de la educación. Además, las familias mencionaron las siguientes razones adicionales por las que sus hijos no estuvieran escolarizados: los niños y niñas no estaban en edad escolar (18%), el desplazamiento ha sido reciente (3%), los NNA deben trabajar (3%), temen la delincuencia (2%), el centro educativo está lejos (1%), la intimidación en las escuelas (0,4%), los NNA deben cuidar a los miembros de la familia (0,4%) y discapacidad (0,4 %).

En cuanto a la vivienda, el 79% de las familias había conseguido un lugar para dormir y vivir. Casi el 70% de las familias alquilaron el lugar donde viven y el 20% se alojó en un refugio.

Las pandillas y la violencia doméstica llevan a madre hondureña al exilio

©UNHCR/Mónica Vázquez Ruiz

El día en que el padre de David fue reclutado por una pandilla, su vida se volvió un infierno y la violencia los obligó a abandonar su Honduras natal.

Mientras David*, de cinco años, dibuja un paisaje y sueña despierto con convertirse en taxista, su madre Ana* recuerda cómo su historia de amor se convirtió en una pesadilla. “Me casé con uno de mis amigos de la infancia y tuvimos una relación normal hasta que él comenzó a trabajar con las pandillas”, dijo sentada en su nuevo hogar en México.

Con el paso del tiempo, Ana recuerda cómo él comenzó a volverse agresivo, acercándose violentamente a ella y a sus dos hijos, siendo el menor solo un bebé. “No podía soportar más la violencia, y mucho menos contra mis dos hijos. Tuve que huir y escapar de mi esposo”.
Con la ayuda de su familia, Ana logró encontrar un lugar para vivir con sus hijos y un trabajo. “Mis hijos se quedaban con su abuela mientras yo trabajaba. Todavía recuerdo el primer día de escuela de David”, dijo Ana sonriendo alegremente, hablando de cómo su hijo de tres años estaba tan feliz de ir a la escuela y conocer nuevos amigos.

Pero los buenos tiempos pronto llegaron a su fin cuando Ana se topó con su marido en la calle y él la siguió a su casa. “Él repetidamente me amenazó a mí y a mis hijos. Sabía que no estaría segura en ningún lugar al que fuera en Honduras”, dijo aún sintiendo el dolor de dejar atrás a su madre.
El destino era incierto. Todo lo que sabía era que tenía que dejar su trabajo, sacar a su hijo de la escuela, dejar su todo para salvar su vida y la de sus hijos. Ana, con su bebé en los brazos y David de la mano, se dirigió a México, donde solicitó asilo.

Aunque David aún no ha regresado a la escuela, tiene muchos amigos. “Todos aquí son sus amigos. Él es muy extrovertido”.

*Nombre cambiado por motivos de protección.

CONCLUSIONES

Múltiples causas de desplazamiento, a menudo entrelazadas con la violencia y la persecución, ha obligado a más de 800,000 personas del norte de Centroamérica a huir de sus hogares desde 2013. Año tras año, el número de individuos que huyen incrementa. Esto fue visible inicialmente por el gran número de niños y niñas no acompañados, aunado a un dramático incremento de unidades familiares, huyendo del norte de Centroamérica. Las familias son forzadas a huir juntas cuando las amenazas y la persecución por grupos criminales en sus comunidades se extiende de los individuos a las unidades familiares enteras. Tras el inicio de la pandemia por COVID-19, las fronteras cerraron y el número de desplazamientos cayó. Entre marzo y septiembre de este año, el número de solicitudes de asilo en México se redujo dramáticamente, aumentando progresivamente, especialmente con solicitudes de hombres adultos, a los mismos niveles de enero. La pandemia no solo ha resultado en la disminución a corto plazo de los desplazamientos, sino que al mismo tiempo ha exacerbado sus causas estructurales, incluyendo el aumento de la violencia doméstica, nuevas y continuas formas de extorsión, y una sensación generalizada de desesperanza. Durante 2021, se esperan desplazamientos continuos no solo de individuos, pero de más familias del norte de Centroamérica buscando protección y oportunidades en México y otros países.

No hay maneras fáciles de responder a este continuo desplazamiento, pero cualquier respuesta debe incluir un plan de desarrollo integral para la región que aborde las causas estructurales del desplazamiento. Ello incluye todas las formas de violencia y fortalecer el estado de derecho y sistemas de protección que permitan proveer seguridad cerca de casa. Por otro lado, se deben abordar la exclusión social, el subdesarrollo económico, la inequidad, los desafíos en la gobernanza, y la degradación ambiental.

Para responder a las necesidades de protección inmediata de las personas y familias que no han tenido más opción que huir, los Estados deben garantizar sus derechos humanos durante todas las etapas del desplazamiento. Para un grupo particularmente vulnerable, los niños, niñas y adolescentes desplazados, esta garantía significa poner como primera prioridad su interés superior en todas las respuestas y decisiones que les impacten, así se desplacen solos o con sus familias. Esto incluye asegurar estándares internacionales en contra de la detención migratoria de niños y niñas. Finalmente, los Estados deben avanzar esfuerzos concertados para abordar la trata y tráfico de personas que resultan en la explotación de aquellos forzados a huir de sus hogares.

    NOTA SOBRE METODOLOGÍA

     Este estudio inició en 2019, con el establecimiento de un grupo de trabajo integrado por: técnicos y especialistas en análisis de CID Gallup, además de especialistas en materia de infancia por parte de UNICEF, y de desplazamientos forzados por parte de ACNUR. Este grupo técnico definió los objetivos y el enfoque del estudio, la metodología empleada y las herramientas de recolección, y finalmente procedió al análisis y validación de los insumos obtenidos del estudio.

    El estudio se desarrolló utilizando una metodología mixta compuesta por un primer componente cuantitativo (encuestas), y un segundo componente cualitativo (entrevistas en profundidad con personas clave y sesiones de grupo con perfiles específicos). El componente cuantitativo se llevó a cabo en primer lugar, para así posteriormente identificar posibles vacíos de información que serían completados con la fase cualitativa.

    La fase cuantitativa se llevó a cabo entre los meses de diciembre 2019 y marzo 2020. Para ello se tomó una muestra significativa para cada tipo de perfil encuestado con un total de 3,104 entrevistas realizadas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. El contenido de dichas encuestas se focalizó para cada uno de los perfiles:

    • Familias y NNA en riesgo de desplazamiento en los países de origen: Se llevaron a cabo un total de 789 encuestas a hogares tomadas a partir de muestreo probabilístico estratificado. Las encuestas se realizaron en áreas con las tasas más altas de criminalidad y violencia en los países de origen (El Salvador, Honduras y Guatemala), zonas que también tenían antecedentes de desplazamiento forzado identificados a través de estudios previos. Las preguntas de la encuesta se centraron en los riesgos que enfrentan las familias en sus lugares de origen, incluidos aquellos riesgos que las obligarían a huir, en especial los relacionados con la violencia y la pobreza.
    • Familias y NNA en tránsito: Se realizaron un total de 836 encuestas con familias identificadas a partir de un muestreo no probabilístico. Las encuestas se realizaron en lugares donde las personas en tránsito se encuentran usualmente en Guatemala y México, como Casas de Migrantes. Para el componente cuantitativo, se recopilaron datos de NNA no acompañados en Casa Nuestras Raíces en Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango. Este segmento de la población fue encuestado sobre los riesgos que enfrentaba durante el tránsito, así como las causas del desplazamiento de sus países de origen.
    • Familias y NNA en el país de destino: A través de métodos de muestreo no probabilístico se encuestó a 453 personas, la mayoría de las cuales fueron reconocidas como refugiadas o solicitantes de asilo en México. Varias entrevistas fueron facilitadas por la Oficina del ACNUR en México en áreas con este perfil poblacional: Casa del Migrante Monseñor -Oluta Veracruz, Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, DIF Estatal, DIF Municipal, entre otras. Las preguntas de la encuesta para esta población se centraron en el procedimiento de asilo y sus condiciones de vida en el país.
    • Familias y NNA deportados: Muestreo no probabilístico por conglomerados. Se realizaron entrevistas con 1,026 familias que habían sido detenidas y deportadas durante los 12 meses anteriores a la encuesta. Las ubicaciones incluyeron la Fuerza Aérea de Guatemala, fuera del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) y fuera de las siguientes ubicaciones en Honduras: CAMR-OMOA, Centro de Atención a Niños y Familias Migrantes en Belén, y Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR).

    Una vez finalizada la fase cuantitativa, se extrajo un informe preliminar para identificar lagunas de información o cuestiones que requerían más información para abordar durante la fase cualitativa. Este segundo componente se llevó a cabo mediante entrevistas en profundidad y 34 discusiones grupales, segregadas por edad, género y perfiles de diversidad específicos en El Salvador, Guatemala y Honduras, de la siguiente manera:

    Subgrupos y criterios de inclusión para adultos
    Subgrupo Criterios específicos
    1. Mujeres / madres Perfil A: que tengan intención de desplazarse a EE.UU. con sus hijos o algún familiar. Que hayan sufrido algún tipo de violencia: Intrafamiliar u otro tipo, o por factores económicos.Perfil B: Deben haber sido deportados en último año acompañados por algún familiar.Perfil C: Deben encontrarse en tránsito por Guatemala o México acompañados de un familiar.Perfil D: Deben ser solicitantes de asilo y estar residiendo en México.
    2. Hombres / padres

     

    Subgrupos y criterios de inclusión para adolescentes
    Subgrupo Criterios específicos
    3. Jóvenes adolescentes mujeres Perfil A: que tengan intención de desplazarse a EE.UU. Que hayan sufrido algún tipo de violencia: Intrafamiliar u otro tipo, o por factores económicos.Perfil B: Deben haber sido deportado en último año.Perfil C: Deben encontrarse en tránsito por Guatemala o México.Perfil D: Deben ser solicitantes de asilo y estar residiendo en México.
    4. Jóvenes adolescentes hombres

    Durante estas sesiones con grupos focales se abordaron los temas referentes a la situación en los países de origen, riesgos  enfrentados durante el tránsito, planes a futuro, y conocimiento sobre procesos de asilo. Una vez finalizado el proceso de recopilación de datos, el equipo procedió a la limpieza y sistematización de la información, análisis de los datos, rextracción de los principales hallazgos, conclusiones y ecomendaciones claves.